Ley de Puertos de Baleares 2026 y el nuevo límite de 50 años para las concesiones

La Ley 3/2026, de 27 de mayo, es la reforma de la Ley 10/2005 de puertos de las Illes Balears que fija en 50 años el plazo máximo de las concesiones en los puertos autonómicos, prórrogas incluidas. Se publicó en el BOIB n.º 68, de 30 de mayo de 2026, y entró en vigor el 31 de mayo. Además del plazo, cambia las reglas de prórroga, abre la adjudicación directa a los clubes náuticos y regula usos comerciales, registro de amarres y embarcaciones abandonadas. El texto íntegro está en el BOE n.º 152, de 23 de junio de 2026.

La reforma solo alcanza a los puertos e instalaciones que gestiona Ports de les Illes Balears (Ports IB). Los cinco puertos de interés general del archipiélago siguen con el régimen estatal.

Qué puertos quedan bajo la Ley 3/2026

La Ley 3/2026 se aplica a los puertos de competencia de la Comunidad Autónoma, que gestiona el ente público Ports IB. Entre ellos están Andratx, Sóller, Pollença, Cala Rajada, Portocolom, la Colònia de Sant Jordi, Ciutadella, Fornells, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària y es Caló, además del resto de puertos e instalaciones náuticas del anexo de la Ley 10/2005.

Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina son puertos de interés general del Estado. Los gestiona la Autoridad Portuaria de Baleares y sus concesiones se rigen por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM). Una marina dentro del puerto de Palma y un club náutico de Sóller tienen hoy reglas distintas de plazo y prórroga, aunque estén en la misma isla. El reparto puerto a puerto está en nuestra página de abogados de puertos deportivos en Baleares.

El plazo máximo de 50 años y cómo se calcula la prórroga

El nuevo artículo 73 deja que cada título fije su plazo, con un máximo de 50 años sumando las prórrogas. Para graduarlo, Ports IB tiene en cuenta la vinculación con la actividad portuaria, el espacio disponible, el volumen de inversión y su plazo de ejecución, la planificación del puerto, la actividad y el empleo generados, la vida útil de la inversión y los compromisos medioambientales.

La concesión es improrrogable salvo en dos casos. El primero, que el propio título prevea la prórroga. El segundo, que el concesionario haga una inversión adicional relevante, no prevista en el título, superior al 20 % del valor actualizado de la inversión inicial. A la prórroga se le aplican además estos límites:

• cada prórroga no puede superar la mitad del plazo inicial;
• la suma de las prórrogas no puede superar una vez y media el plazo inicial;
• el plazo total no puede superar 50 años;
• tiene que haber transcurrido al menos un tercio del plazo de vigencia, salvo circunstancias excepcionales que aprecie Ports IB (artículo 73.7);
• el concesionario debe estar al corriente de sus obligaciones (artículo 73.6).

Cuánto se puede prorrogar según el plazo inicial

Los límites pesan de forma distinta según la duración del título. Con un plazo inicial de 20 años o menos, el freno real es la vez y media del plazo inicial. Por encima de 20 años manda el techo de 50, y cuanto más largo es el título, menos margen de prórroga queda.

Elaboración propia a partir de los artículos 73.3 y 73.7 de la Ley 10/2005, en la redacción de la Ley 3/2026. Una concesión de 30 años puede llegar a 50 con dos prórrogas, por ejemplo una de 15 años y otra de 5, cada una respaldada por su propia inversión de más del 20 %.

Un régimen calcado del estatal, sin la vía de los 75 años

Los porcentajes y límites del artículo 73.3 reproducen los de la letra b) del artículo 82.2 del TRLPEMM, en la redacción que le dio la Ley 2/2024. La ley balear no incorpora en cambio la prórroga excepcional de la letra c). En los puertos del Estado esa vía permite llegar a 75 años en concesiones de interés estratégico o relevante, con informe vinculante de Puertos del Estado y una inversión o contribución superior al 50 % del valor actualizado de la inicial.

La exposición de motivos de la Ley 3/2026 menciona ese límite estatal de 75 años y se queda con los 50 que ya aplican comunidades como Andalucía o Cataluña. Sobre el origen de la cifra estatal puede leerse nuestro análisis de la prórroga de concesiones sobre puertos deportivos hasta 75 años.

Documentación que exige el expediente de prórroga

La solicitud de prórroga se acompaña de la documentación del artículo 73.4. Con ella Ports IB comprueba que la inversión es real, que la concesión es viable y que las obras están en buen estado:

• documento técnico y estudios ambientales;
• estudio económico-financiero de viabilidad, con previsión de empleo;
• acreditación de las inversiones previstas y de las ya ejecutadas;
• cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios;
• dictamen de auditoría técnica externa sobre el mantenimiento de las obras;
• propuesta de reglamento de explotación y de tarifas máximas;
• certificados de estar al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social;
• declaración responsable de no estar incurso en prohibiciones para contratar.

El otorgamiento de la prórroga aprueba a la vez el reglamento de explotación y las tarifas máximas (artículo 73.6). La propuesta tarifaria entra así en la negociación con Ports IB y pesa tanto como el estudio económico-financiero, que es el documento que justifica cuántos años de prórroga necesita la inversión para amortizarse.

Clubes náuticos, adjudicación directa y competencia de proyectos

La reforma da a los clubes náuticos y a las demás entidades deportivas sin ánimo de lucro un acceso propio a las concesiones. Según la exposición de motivos, en Baleares hay 24 clubes náuticos con unos 12.000 socios y más de 8.500 amarres, y 24 marinas que gestionan más de 6.600.

El artículo 79.2 mantiene el concurso como regla para los puertos nuevos, las ampliaciones sustanciales y los supuestos de prolongación de la explotación que contempla la ley. Para los clubes prevé dos excepciones:

• competencia de proyectos en lugar de concurso, cuando la concesión limite como máximo al 20 % los atraques para embarcaciones de más de 15 metros de eslora;
• adjudicación directa, que Ports IB puede acordar cuando el club tenga declaración de utilidad pública o cuando la concesión reserve al menos el 80 % de los atraques a embarcaciones de 15 metros o menos.

Las dos condiciones de eslora coinciden en la práctica. Un club que reserve el 80 % de sus atraques a esloras de hasta 15 metros puede ir a la competencia de proyectos y también pedir la adjudicación directa, que es potestativa para Ports IB. En la competencia de proyectos se valoran el programa de actividades, la estructura tarifaria, la viabilidad, la memoria económico-financiera, la organización de los servicios y la declaración de utilidad pública conforme al artículo 8 de la Ley 2/2023 (artículo 79.6).

En las prórrogas de clubes, el artículo 73.5 valora además un plan deportivo dirigido a usuarios residentes, escuelas del entorno y equipos de competición, con una inversión igual o superior al 15 % del presupuesto anual del club. En 2021 analizamos si el Tribunal Supremo acababa con la competencia de proyectos para clubes náuticos. Para los puertos de Ports IB, la Ley 3/2026 la regula ahora de forma expresa.

El primer caso, el puerto de Andratx

Ports IB aplicó el nuevo artículo 79 a las pocas semanas de su entrada en vigor. El 10 de febrero de 2026 había convocado concurso para otorgar la concesión de obras y explotación de una instalación náutico-deportiva en el puerto de Andratx, con tres pantalanes y 121 puntos de fondeo. El 21 de abril dio una autorización temporal provisional al Club de Vela del Puerto de Andratx, válida hasta el 31 de octubre de 2026.

El 18 de junio, ya vigente la reforma, el club pidió la adjudicación directa de la gestión definitiva. El Consejo de Administración de Ports IB desistió del concurso el 28 de julio y ordenó archivarlo, sin perjuicio de tramitar el otorgamiento por adjudicación directa, que consideró el procedimiento más adecuado al interés público tras la reforma. El acuerdo se publicó en el BOIB n.º 103, de 18 de agosto de 2026, con recurso de reposición en un mes o contencioso-administrativo en dos meses ante el Tribunal de Instancia de Palma.

El caso muestra que la reforma puede cambiar el procedimiento a mitad de camino. Quien tenga un concurso abierto o una autorización temporal en un puerto autonómico debe revisar si el solicitante encaja en el artículo 79.2, porque de eso depende que la concesión se dispute en concurso o se adjudique sin él.

Usos comerciales, amarres y embarcaciones abandonadas

La Ley 3/2026 también cambia la explotación diaria de los puertos de Ports IB en estos puntos:

• el artículo 57 limita la superficie de los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio, y la disposición transitoria novena exime a las concesiones ya otorgadas en puertos transferidos, aunque sus modificaciones no pueden superar esos límites;
• el artículo 71 obliga a los puertos en concesión a llevar un registro electrónico de usuarios de amarres, que Ports IB puede inspeccionar;
• el artículo 54.4 exige servicios de embarque, abastecimiento y recogida de residuos en dársenas y puertos deportivos, y abre varaderos y rampas al uso público con horarios y tarifas publicados;
• los campos de boyas y fondeos ordenados pasan a ser infraestructura portuaria esencial (artículo 7) y las marinas secas reconocidas en el Plan general cuentan como capacidad de amarre (artículo 10);
• los artículos 115 y 115 bis regulan el abandono de embarcaciones, con procedimiento notarial cuando el puerto está en concesión y un procedimiento de oficio cuando lo gestiona Ports IB.

Para el último supuesto puede consultarse qué hacer con las embarcaciones abandonadas en un puerto deportivo.

Lo que la ley no aclara sobre las concesiones vigentes

La Ley 3/2026 no contiene una disposición transitoria sobre la duración de las concesiones ya otorgadas ni sobre las solicitudes de prórroga presentadas antes del 31 de mayo de 2026. La única transitoria nueva, la novena, se refiere a los usos del artículo 57. El texto tampoco dice si el límite de 50 años alcanza a títulos anteriores con plazos o prórrogas pactados de otra forma.

La disposición final primera encarga el desarrollo reglamentario al Consejo de Gobierno. Mientras no exista ese desarrollo ni un criterio publicado de Ports IB, cada título debe leerse con su fecha de otorgamiento, las prórrogas ya consumidas y la inversión pendiente de amortizar. Antes de presentar una solicitud conviene comprobar en qué punto del cómputo del tercio está la concesión y qué importe exige el umbral del 20 %.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos años puede durar una concesión en un puerto autonómico de Baleares?

Hasta 50 años, sumando las prórrogas. Lo fija el artículo 73 de la Ley 10/2005 de puertos de las Illes Balears, en la redacción de la Ley 3/2026, vigente desde el 31 de mayo de 2026. Se aplica a los puertos que gestiona Ports IB.

¿La Ley 3/2026 se aplica al puerto de Palma?

No. Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y La Savina son puertos de interés general del Estado, gestionados por la Autoridad Portuaria de Baleares. Sus concesiones se rigen por el TRLPEMM, que admite una prórroga excepcional hasta 75 años en concesiones de interés estratégico o relevante.

¿Qué inversión hace falta para prorrogar una concesión de Ports IB?

Una inversión adicional relevante, no prevista en el título, superior al 20 % del valor actualizado de la inversión inicial. No hace falta si el propio título ya prevé la prórroga. En los dos casos cada prórroga queda limitada a la mitad del plazo inicial y el total, a 50 años.

¿Puede un club náutico conseguir una concesión sin concurso en Baleares?

Sí, en los puertos de Ports IB. Si la concesión limita al 20 % los atraques para esloras de más de 15 metros, se tramita por competencia de proyectos. Ports IB puede además adjudicarla directamente si el club tiene declaración de utilidad pública o reserva al menos el 80 % de los atraques a esloras de hasta 15 metros.

Asesoramiento en concesiones portuarias en Baleares

En Sáez Abogados asesoramos a concesionarios, marinas y clubes náuticos de puertos autonómicos y del Estado. Preparamos expedientes de prórroga, competencias de proyectos, concursos y propuestas tarifarias ante Ports IB y la Autoridad Portuaria de Baleares. Puede ver cómo trabajamos en puertos deportivos o contactar con el despacho para revisar el plazo de su concesión.