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La Agrupación de Puertos Deportivos y Turísticos de la Comunidad Valenciana ha asumido desde su creación un firme compromiso por la mejora de la competitividad y eficiencia del sector de la náutica deportiva, como gran generador de riqueza y de puestos de trabajo en la región.

Para ello es esencial (i) potenciar la inversión privada en la mejora de las infraestructuras portuarias (de titularidad pública), (ii) garantizar la máxima calidad en los servicios e instalaciones náutico – deportivas y (iii) priorizar sistemas de gestión y explotación que incrementen la rentabilidad para las arcas públicas, generando excedentes que nuestros gobernantes puedan destinar a otros fines y políticas tan necesarios.

Además, es posible alcanzar estos objetivos alineando satisfactoriamente los intereses públicos (Administraciones Públicas) y privados (operadores privados que financian la mejora de las infraestructuras portuarias y la gestionan eficientemente y clientes y usuarios que tienen derecho a recibir servicios y disfrutar de instalaciones de calidad y en condiciones de igualdad).

En la Administración General del Estado (Puertos del Estado) y en la mayoría de las Comunidades Autónomas portuarias se está trabajando en estos ejes de actuación. Y así, se han ido implantando reformas legislativas que amplían los plazos concesionales hasta los 50 años para posibilitar mayores y mejores inversiones en infraestructuras (cuya propiedad última es de la propia Administración) y garantizan procedimientos de licitación abiertos, con la máxima competitividad, transparencia e igualdad para la selección de los mejores proyectos en aplicación de las directrices y directivas comunitarias.

Sin embargo, la legislación de la Comunidad Valenciana (Ley 2/2014, de Puertos) ha tomado un rumbo distinto y que puede abocar al sector portuario valenciano a una grave pérdida de representatividad y nivel. Por un lado, se han limitado los plazos de las concesiones a 30 años, lo que impide realizar las inversiones necesarias para la deseada mejora en instalaciones, infraestructuras y servicios y supone una desventaja competitiva respecto al resto de puertos españoles y mediterráneos.

Y, por otro lado, se han arbitrado mecanismos de prórroga y adjudicación de concesiones discriminatorios, en beneficio de asociaciones privadas (clubes náuticos) y en detrimento de la calidad, rentabilidad e intereses públicos. La Comunidad Valenciana no está eligiendo los mejores proyectos, los más rentables para los intereses públicos, ni aquellos que mejor contribuyen a dinamizar la economía y enriquecer el patrimonio público con infraestructuras modernas, eficientes y de calidad. Un número significativo de puertos valencianos son un coto cerrado para determinados beneficiarios que llevan tiempo gestionando concesiones caducadas por el mero hecho de ser clubes náuticos.

Por estas razones, estamos trabajar para impulsar en la Comunidad Valenciana las necesarias reformas legislativas que permitan:

  • Equiparar las condiciones de los puertos deportivos valencianos a las de cualquier otro puerto español.
  • Acabar con la discriminación existente en favor de los clubes náuticos para que los puertos deportivos de la Comunidad Valenciana sean promovidos y gestionados de acuerdo a los proyectos más eficientes y beneficiosos para el interés general.

Gabriel Martínez Martí

Presidente de la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de la Comunidad Valenciana.

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