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En publicaciones anteriores ya nos habíamos referido al conflicto existente entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado español sobre la legalidad del sistema de prórroga del plazo de las concesiones sobre puertos deportivos.

Ahora, ambas Administraciones han alcanzado un entente que se ha plasmado en el Acuerdo de la Comisión Bilateral y en la legislación portuaria canaria a través de la Ley de Presupuestos de Canarias.

Antecedentes

La Ley 14/2019, de 25 de abril, de Ordenación Territorial de la actividad turística en las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, modificó la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias en el sentido de posibilitar la prórroga de las concesiones sobre puertos deportivos hasta los 75 años, sumando el plazo inicial y la prórroga.

La Administración del Estado se opuso a dicha modificación por entender que excedía el sistema de prórrogas establecido en la legislación portuaria estatal y esta modificación de la legislación canaria podría exceder las competencias propias de la Comunidad Autónoma.

Para resolver esta controversia, se constituyó una Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas Administraciones.

Acuerdo de la Comisión Bilateral

Finalmente, la Comisión Bilateral de Cooperación alcanzó un acuerdo en fecha 27 de julio de 2022 para la modificación de la legislación canaria. El citado acuerdo ha sido publicado en el Boletín Oficial de Canarias en fecha 2 de enero de 203.

Modificación legislativa

En ejecución del acuerdo de la Comisión Bilateral, en la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Canarias para 2023, se incluye una modificación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 9/2014.

La nueva redacción es la siguiente:

“Disposición transitoria tercera. Prórroga de las concesiones de los puertos deportivos otorgadas al amparo de la normativa anterior.

1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre portuario otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley para los puertos deportivos de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán ser prorrogadas, a petición de su titular, por acuerdo del Consejo de Administración de Puertos Canarios, siempre que aquel no haya sido sancionado por infracción grave y no se supere en total el plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general.

2. El concesionario podrá solicitar la prórroga de la concesión desde la entrada en vigor de esta ley y, en todo caso, antes de que se extinga el plazo para el que fue concedida.

3. La duración de esta prórroga en ningún caso podrá ser superior a la mitad del plazo máximo de vigencia establecido en la legislación estatal para concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés general, y deberá realizarse en los mismos términos y condiciones que los previstos en dicha normativa.

4. Además de los supuestos previstos en la legislación estatal, y cuando no proceda su aplicación por las características de la concesión o de su área de influencia, podrá otorgarse la prórroga siempre que la concesionaria se comprometa a llevar a cabo alguna de las actuaciones previstas en los apartados siguientes y concurran razones de interés público de orden económico, social, turístico o estratégico que así lo aconsejen:

A) La realización de inversiones relevantes para el puerto que deberán ejecutarse en la superficie concesionada o en la concesión modificada por ampliación de su superficie. Serán susceptibles de ser consideradas inversiones relevantes a los efectos previstos en el párrafo anterior las que reúnan los requisitos siguientes:

1) No estar previstas en el título constitutivo original.

2) No haber sido computadas a efectos de prórrogas previamente adoptadas.

3) Mejorar alguno de los siguientes aspectos: la productividad; la eficiencia energética; la calidad ambiental, la mejora de la sostenibilidad ambiental y la sensibilización para la preservación y mejora del medio ambiente; las operaciones portuarias; la introducción de nuevas tecnologías, como la digitalización de las infraestructuras; los nuevos procesos que incrementen la competitividad, y la responsabilidad social corporativa y mejora social y de la población. La inversión mínima que la concesionaria deberá efectuar será del 20% del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista en el título concesional. Las obras deberán ejecutarse en el plazo equivalente a la mitad del plazo de prórroga o en los primeros cuatro años siguientes al inicio de la prórroga concedida al concesionario. El incumplimiento de la obligación de ejecutar las obras e inversiones en el plazo establecido, así como la ejecución parcial o defectuosa, dará lugar a la caducidad del título concesional.

B) Llevar a cabo una aportación económica, que no tendrá naturaleza tributaria, a la financiación de infraestructuras portuarias para la mejora de la posición competitiva de los puertos de Canarias, cuyo importe, en todo caso, sea superior al 20% del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista en el título concesional.

C) Una combinación de ambos supuestos, siempre que la suma de los importes comprometidos no sea inferior al 20% del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista en el título concesional.

 Los compromisos descritos en los apartados A), B) y C) anteriores deberán estar íntegramente ejecutados en el plazo de los cuatro primeros años, a contar desde la resolución de prórroga.

En el supuesto de que la entidad concesionaria sea un club náutico u otra entidad deportiva sin fines lucrativos, dichos compromisos deberán ejecutarse en el plazo de los seis primeros años, a contar desde la resolución de prórroga.

La prórroga no podrá ser superior al plazo inicialmente previsto en su título de otorgamiento y, en ningún caso, el plazo total del otorgamiento unido al de la prórroga podrá superar el plazo máximo de 50 años, y excepcionalmente para las estratégicas o relevantes podrá llegar a 75 años. Asimismo, se requerirá que haya transcurrido al menos una tercera parte del plazo de la concesión inicial.

5. En función de los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior y prever, a su vez, prórrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.

6. La posibilidad de prórroga del plazo concesional prevista en esta disposición es independiente de la facultad otorgada al concesionario para solicitar una nueva concesión en los términos previstos en la vigente normativa autonómica portuaria”.

Novedades de la ley

La nueva regulación incorpora las siguientes novedades principales:

  • Se explicita que el plazo máximo de la vigencia de las concesiones no puede superar el plazo máximo establecido en la legislación estatal, que era la principal reclamación de la Administración General del Estado.
  • Se establece un sistema de prórrogas similar al de los puertos de competencia estatal.
  • Se especifica el plazo concreto para la ejecución de las nuevas inversiones necesarias para la prórroga de las concesiones (cuatro años desde la resolución para las marinas y seis años para los clubes náuticos).
  • A diferencia del sistema establecido en los puertos estatales (art. 82.2.c.2) TRLPEMM), en el supuesto de contribución económica a la financiación de infraestructuras, la cuantía de esta inversión se establece sólo en función del valor actualizado de la inversión inicial (20%). No se tiene en cuenta la diferencia de valor de la concesión actual y prorrogada.
  • El plazo máximo de la prórroga no podrá ser superior a (i) la mitad del plazo máximo de vigencia de las concesiones sobre dominio público portuario en los puertos de interés estatal, ni (ii) al plazo inicial del título de otorgamiento.

Opinión de Sáez Abogados

Desde Sáez Abogados valoramos positivamente que se haya procedido a la resolución definitiva de la controversia competencial existente entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado central. De esta forma, se dota al sistema de total seguridad jurídica, lo cual resulta beneficioso para todos los agentes implicados.

Nosotros

En Sáez Abogados estamos especializados en el asesoramiento estratégico, legal y económico de puertos deportivos. Si necesita nuestra ayuda puede contactar con nosotros aquí:

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    Modificaciones en la Ley de Puertos de la Comunitat Valenciana, Canarias y Andalucía – Federación española de asociaciones de puertos deportivos y turisiticos, 10 Ene 2023

    […] Información Canarias […]

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