preloader

La división de los contratos en lotes se encuentra regulada en el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

La regla general que se desprende del apartado 3 del artículo 99 de la LCSP es que, siempre que sea posible la división en lotes (por la naturaleza o el objeto del contrato, que permita su fraccionamiento), resultará obligatorio dividir el contrato en lotes. Si el órgano de contratación decide no hacerlo, deberá motivar la no división en lotes.

Ya con ocasión del anteriormente vigente TRLCSP, el Informe 12/2015, de 6 de abril de 2016, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, recordaba “el nuevo enfoque que la Directiva 2014/24/UE introduce para la división en lotes (en su artículo 46). (…) La Directiva 2014/24/UE en sus considerandos aclara que la misma “persigue la finalidad de facilitar la participación de las PYMES en la contratación (considerando (2)); y que “debe adaptarse la contratación pública a las necesidades de la PYME (…)”. A tal efecto y para aumentar la competencia, procede animar a los poderes adjudicadores a, en particular, dividir grandes contratos en lotes (…)”, salvo cuando “(…) el hecho de que el poder adjudicador considere que dicha división podría conllevar el riesgo de restringir la competencia; o hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato” (considerando (78))”.

Y significativo y contundente resulta el Informe 1/2017, de 1 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, que concluye lo siguiente:

“La Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 ha introducido un cambio sustancial en la noción del fraccionamiento de los contratos al establecer como regla general la división de los contratos públicos en lotes. Este cambio normativo ha obligado a revisar la interpretación que hasta ahora se había venido dando al artículo 86.3 TRLCSP.

Desde el 18 de abril de 2016, como consecuencia del efecto directo del art. 46.1 y 2 de la Directiva 2014/24/UE, la regla general es la división del contrato en lotes. En el supuesto de que el órgano de contratación decida no dividir el contrato en lotes deberá motivarlo”.

En definitiva, la división del contrato debe ser la norma, y la no división debe ser la excepción.

Respecto a la justificación de la no división, la ley no establece causas tasadas, señalando a título de ejemplo, que se considerarían motivos válidos:

“a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente”. 

Nosotros

En Sáez Abogados contamos con un equipo profesional especializado en contratación pública. Estaremos encantados de colaborar o asesorarle en cualquier cuestión relacionada con esta materia. Si desea ampliar la presente información y obtener un asesoramiento adecuado a su caso, puede contactarnos sin compromiso.

(c) 2023 Sáez abogados - Todos los derechos reservados